Yo opino lo mismo

El examen de grado de derecho

Por José Miguel Ried *

El estudio de la carrera de derecho es largo, excesivamente largo. Son cinco años de clases, el estudio del examen de grado (aproximadamente cinco meses más), la preparación de una tesis (mínimo dos meses) y el cumplimiento de una práctica profesional exigida por ley (otros seis meses). Es decir, la carrera de derecho, entendiendo por tal todo el camino que va desde marzo de primer año hasta tener el dichoso título en la mano, no son los cinco años que habitualmente se prometen, sino seis, con cara de siete.

Merece capítulo aparte la inequidad de exigirles a los prospectivos abogados que hagan una práctica no remunerada en beneficio del Estado, que constituye una verdadera expropiación de seis meses de trabajo, lo que no se le exige a ninguna otra profesión. Ello sin contar el infierno burocrático que puede significar la obtención del certificado oficial de aprobación de la práctica.

También merece una mención especial el requisito de cumplir con una tesis de investigación que se impone a estos futuros abogados, de los cuales la enorme mayoría no seguirá una carrera académica o de investigación.

Sin embargo, dejaré de lado esos obstáculos por esta vez, para centrarme en el singular examen de grado de derecho.

Al concluir sus estudios universitarios, el alumno de derecho debe probar que ha logrado ciertos conocimientos jurídicos básicos. Para este efecto todas las facultades de derecho de Chile han establecido un examen, llamado “de grado” o “licenciatura”. Este examen consiste, con algunas variaciones, en que una comisión de tres profesores interroga oralmente al educando sobre todos los ramos de derecho civil, todos los de procesal, y un tema que el alumno elige, habitualmente en derecho constitucional, comercial o penal, lo que puede sustituirse por una defensa de tesis. Parece entenderse que los conocimientos sobre derecho constitucional, penal o comercial no son fundamentales para todos los abogados.

Un examen normal dura 45 minutos aproximadamente, es decir cada profesor interroga al alumno durante 15 minutos acerca de su respectiva materia. El profesor de derecho civil debe, en 15 minutos, evaluar cuatro años de estudios de esa materia.

Indudablemente, en ese margen de tiempo no se puede preguntar acerca de todas las materias. Ni siquiera acerca de las más importantes. En la práctica se hace un recorrido por algunos puntos específicos, un muestreo al criterio de cada profesor.

Ahora bien, el criterio de algunos profesores varía radicalmente respecto del de otros. Algunos preguntan sus propias teorías. Otros hacen hincapié en los detalles más absurdos. Recuerdo a un distinguido profesor de derecho procesal que insistentemente le preguntaba a un imberbe muchacho cuál era el único funcionario auxiliar de la justicia que no se elegía por ternas. Pregunta que pocos profesores de derecho procesal podrían haber contestado.

En resumen, la identidad del profesor incide, tal vez en forma determinante, en la calificación que obtendrá el alumno. Y eso sin contar que si en su carrera fue alumno del profesor que interroga, se tratará de un coloquio entre viejos conocidos. Muchas veces podemos apreciar cómo la misma comisión, por las razones que sea, hace un examen difícil a un alumno y, a continuación, uno fácil al siguiente.

El examen de grado tiene un componente de suerte, tanto por las preguntas que se hagan, como por los profesores que integren las comisiones, factor que debería desterrarse completamente de una evaluación académica cuyo objetivo es certificar objetivamente un nivel mínimo de conocimientos generales.

El decano de derecho de una universidad privada argumentaba en una oportunidad que esta forma de examinar servía para enseñar al alumno que la vida podía ser injusta. Me parece que la enseñanza que se deben transmitir las facultades de derecho es que hay que luchar contra las injusticias de la vida. Por último, no usemos la instancia en que el alumno se juega la nota final de su carrera para enseñar algo que bien podría transmitirse pegándole a los pupilos aleatoriamente con un palo en la cabeza.

Otro argumento que se ha dado es que el examen sirve para que los futuros abogados desarrollen su expresión oral. Efectivamente, un abogado necesitará contar con un nivel adecuado de expresión oral. Pero nadie aprenderá a hablar bien por el simple expediente de rendir un examen oral al final de la carrera.

Para lograr avances efectivos en esta materia es necesario hacer talleres de expresión oral. Con un semestre de clases será suficiente y podremos hacer sin remilgos un examen de grado escrito.

La experiencia en otros países es alentadora. En Estados Unidos, por ejemplo, el examen de grado es único para todas las universidades del estado correspondiente. Dura dos días y comprende una sección de preguntas de selección múltiple y una sección de preguntas de desarrollo. Todas son sobre casos que exigen aplicación práctica de los conocimientos jurídicos. Las materias que se evalúan son todas aquellas que se considera que un abogado debe manejar, incluyendo derecho tributario, ética, derecho de familia, derecho penal, derecho constitucional y muchos otros, sin exigirse conocimientos profundos sobre cada tema, lo que permite su estudio en dos meses. El examen se corrige sin revelarse la identidad de los alumnos y las preguntas de desarrollo son evaluadas en base a criterios objetivos.

Algo parecido se está implementando para los alumnos de medicina en Chile.

El examen de grado oral ha sido una práctica inveterada en nuestras facultades de derecho, pero merece una revisión profunda. Propongo que nos atrevamos con la idea de un examen escrito único, para todos los alumnos, anónimo, estandarizado y objetivo.

(*) Magíster en Derecho, Cornell University
Abogado. Guerrero Olivos Novoa y Errázuriz
Profesor Derecho UC